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DEMOCRACIA FEROZ

Gustavo Duncan  

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Fragmento

INTRODUCCIÓN

Varios casos de la historia reciente de Colombia describen un problema típico de las relaciones entre sociedad y clase política.

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander y nacionalmente famoso por haber sido el policía que dio de baja a Pablo Escobar en un tejado de Medellín, fue enviado a prisión en el 2011. Se le acusaba de haber realizado alianzas con grupos de autodefensa para que apoyaran su candidatura a las elecciones a la gobernación de Santander en el 2003. La justicia lo sentenció en el 2013 a una pena de 9 años. Duraría en prisión solo hasta el 2015, luego de recibir generosas rebajas a su pena. La Procuraduría determinó a su vez que Hugo Aguilar no podría ocupar cargos públicos en los próximos 20 años. Parecía que ese era el final de su poder político en el departamento. Pero aún tenía mucho que decir. Sus problemas con la justicia no impidieron que lograra endosar su caudal electoral a su hijo, Richard Aguilar, quien triunfó en las elecciones a la gobernación de Santander en el período comprendido entre el 2012 y el 2015. Su victoria fue aplastante: obtuvo 481 924 votos, el 56,15 % de la votación total.

No fue fácil. La campaña tuvo que hacerse contra toda la presión social ejercida por los medios de comunicación. Los principales diarios del país denunciaron reiteradamente que Aguilar había negociado el respaldo armado y de recursos de los paramilitares del Bloque Central Bolívar a cambio de participación en la burocracia de la Gobernación. Y eso no era todo. Las denuncias apuntaban a que Aguilar era otra ficha de un entramado de políticos reunidos bajo el aval de partidos bastante cuestionados como Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Alas-Equipo Colombia, entre otros, que no eran más que organizaciones de fachada para que políticos profesionales como él y sus patrocinadores pudieran disponer a voluntad de los recursos y de los beneficios del Estado (ver al respecto los trabajos de la corporación Arco Iris editados por López (2007 y 2010): Y refundaron la patria… y Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos). Incluso los medios locales fueron reacios a legitimar las aspiraciones políticas de Aguilar. Vanguardia Liberal, el principal diario de la región, no tenía reparos en publicar reportajes y noticias en su contra.1 Nada de eso impidió que su hijo ganara cuando él no pudo aspirar por sí mismo a la Gobernación.

La detención de Aguilar no era un caso atípico. En muchas otras regiones de Colombia se experimentó una situación parecida. Alrededor de cien congresistas y un sinnúmero de políticos en las regiones fueron investigados por sus relaciones con los paramilitares. El escándalo dejó claro a todo el país que en una elevada proporción de sus componentes el sistema político estaba comprometido con prácticas y comportamientos por fuera de cualquier ética en una democracia. Y más que eso, demostró que los políticos —al igual que Aguilar— podían burlar las sanciones judiciales mediante la postulación de candidatos de confianza y dependientes de sus votos, quienes al llegar a los cargos públicos se convertían en una extensión de su poder. En la prensa esta figura se conoció como “parapolíticos en cuerpo ajeno”. No fueron pocos: Teresita García, Arleth Casado y Raúl Vives Lacouture son solo unos pocos nombres en la lista de quienes heredaron los votos de políticos involucrados en el escándalo de la parapolítica. Una investigación de Indepaz (Espitia, 2010) encontró que en las elecciones del 2010 al Congreso al menos 15 senadores obtuvieron curules como “para-herederos”.

La parapolítica marcó, sin duda, la percepción de la corrupción en Colombia a mediados de la primera década del siglo XXI. Hizo caer en cuenta a la sociedad colombiana de la magnitud del problema de la financiación y de la interferencia de organizaciones armadas sobre las elecciones. Sin embargo, los vínculos con narcotraficantes y grupos ilegales venían de mucho antes. A mediados de los años noventa, el llamado “proceso 8000” involucró a una gran cantidad de políticos de todas las regiones con el Cartel de Cali y demostró que el fenómeno no era exclusivo de las elecciones locales. Ante la contundencia de las pruebas y el escándalo en los medios de comunicación, al presidente de entonces, Ernesto Samper, le tocó admitir que su campaña había recibido dineros del narcotráfico. No obstante se cuidó en precisar que fue una situación que ocurrió a sus espaldas. Acusó al gerente de la campaña, Fernando Botero, de robarse el dinero entregado por los narcotraficantes. A pesar de que la mayoría de los colombianos poco le creía, el presidente Samper no renunció y pudo terminar su mandato en 1998. Más aún, Samper pudo reencaucharse en la política. Continúa teniendo peso en el Partido Liberal y actualmente suena como uno de los negociadores del proceso de paz con el ELN.

Pero en realidad esto no era nada nuevo. Ya antes del proceso 8000 y de Ernesto Samper existían testimonios creíbles sobre el ingreso de dinero de los carteles en las campañas presidenciales. Si se analizan los eventos y los personajes involucrados existen muchos motivos para creer que en la campaña de 1982 ambos candidatos, Alfonso López y Belisario Betancur, recibieron grandes sumas de dinero de los narcotraficantes (Duncan, 2014). Ni más ni menos que el mismo Samper, quien fue gerente de la campaña de López, afirmó el 12 de julio de 1983 en una entrevista al periódico El Tiempo que la campaña rival había recibido “dineros calientes” y le pidió al Conservatismo “[no] convivir, ni consentir ni ser indiferentes con la intervención de las mafias en la política colombiana”. De manera por demás irónica, y cuatro páginas más adelante en esa misma edición de El Tiempo, Samper tuvo que desmentir a Pablo Escobar, quien había afirmado que durante la campaña de 1982 le había entregado una “crecida suma” para los gastos del Liberalismo: “Que l

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