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ODEBRECHT. LA HISTORIA COMPLETA.

Jorge Enrique González Patiño  

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Fragmento

Introducción

Un encuentro con los hombres de ‘Lava Jato’

—Llegará el día en que la América del Sur podrá escribir una antología sobre su lucha contra la corrupción —dice Sergio Moro, el juez de la célebre operación Lava Jato.

Mientras hace su previsión, fija por un instante la mirada en el horizonte y hurga en su memoria. Perú podría ir esbozando el primer capítulo, que contaría una historia que a él lo ha cautivado desde el nudo hasta el desenlace: la caída de la dupla Montesinos-Fujimori.

Colombia, según su inventario, tendría ya credenciales y habilitantes morales para contarle al mundo cómo ha sido el cambio institucional —quizá aún débil, pero ya perceptible— que siguió a la muerte de Pablo Escobar, responsable del martirio de los primeros jueces que se atrevieron a enfrentarse a su imperio criminal.

Llegamos a ese punto de la conversación cuando le pregunto si algún día, cuando su vida no dependa como hoy de expedientes, doctrinas e incisos, se sentaría frente a un ordenador con la intención de contar para la posteridad la historia de la mayor cruzada contra la corrupción en el Brasil.

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Ha llegado puntual a la cita en su despacho, en la sede de la Justicia Federal en Curitiba, Paraná, en Brasil. Sus propios colaboradores lo miran sorprendidos porque él, riguroso en su disciplina cotidiana, en la forma y en el fondo, está vestido con una camiseta polo de color negro, pantalones de lino y zapatos de goma. Un día con sol primaveral desafía este jueves 19 de julio de 2018 los pronósticos meteorológicos sobre el invierno en el sur del país.

Sonríe —algo poco habitual en él— mientras explica que ha interrumpido sus vacaciones porque, a propósito de memorias y antologías, le parece valioso que esté en ciernes un libro que busca contar la historia del caso Odebrecht, hijo legítimo del Lava Jato.

Por los cambios recientes en el sentido de las vías en Curitiba, es muy probable que para llegar a su oficina haya tenido que pasar por el barrio Santa Cándida, donde se encuentra el cuartel policial en el que está confinado el expresidente de la república Luiz Inácio “Lula” da Silva, a quien él puso tras las rejas poco tiempo después de hacerlo buscar por la policía en su domicilio de São Bernardo do Campo, en São Paulo, para vencer su renuencia inicial a comparecer ante su despacho y a sucumbir —como lo dijo el estadista— “al poder de esa nueva y fantasiosa república de Curitiba”.

Es probable también que, así fuera solo por curiosidad, haya visto a las decenas de activistas de la causa de Lula que se sitúan a diario en campamentos levantados frente a su lugar de reclusión, y también en otros sitios del país. Que haya oído el eco de las proclamas diarias de mujeres y hombres, los llamados “Sin tierra”, que se instalan alrededor de ollas comunales en las que preparan alimentos orgánicos cultivados por ellos mismos y organizan una agenda cotidiana que siempre tiene como colofón los mismos pregones: “¡Lula inocente! ¡Lula libre!”.

—Es evidente, juez Moro, que decisiones como las suyas dividen a la opinión y exasperan a los gobernantes, a los regentes del poder. ¿Qué deberían hacer fiscales y jueces de otros confines del continente para vencer el temor reverencial frente al poder y frente a la opinión?

—No pretendo darles consejos para lograrlo, pero sí puedo recomendarles que apliquen la fuerza de la ley sin miedos y con persistencia. La fuerza de la ley garantiza la independencia judicial, la blinda ante influencias perversas y disuade a los poderosos cuando se empeñan en hacerse inmunes a ella. Al mismo tiempo, les garantiza hallar los mejores aliados con los que se pueden contar: la opinión pública, el respaldo de la sociedad toda.

—Eso es un ámbito ideal…

—Y en el real también, solo que requiere un complemento. Es indispensable que, al vencer esos temores reverenciales, el juez aprenda a negociar en beneficio de la verdad, a actuar con pragmatismo.

—¿Ese pragmatismo se relaciona con la llamada “justicia premial”, la de la delación, la que a algunos les parece perversa?

—Exactamente. Todo tiene un precio. La imposición de una pena pequeña a un criminal puede ser un precio muy alto, pero si es el producto de un acuerdo de colaboración que lleve al castigo de otras cabezas mayores que la suya, termina siendo un beneficio superior para la justicia. En esas condiciones, es un mal menor si se le compara con el tamaño de los resultados y de los beneficios.

Esta reflexión de Moro sobre la “justicia pragmática” se encarna en la historia de Alberto Youssef, un “doleiro” o cambista y lavador de activos que terminó convertido en la gran fuente que nutrió de información a policías y fiscales que en marzo de 2014 seguían la pista de una operación de blanqueo de dineros a escala mayor.

Gracias a su testimonio de hombre acorralado, próximo a cumplir entonces 50 años y que sufría de una cardiopatía crónica, la justicia federal supo que detrás de una red que usaba como fachadas estaciones de gasolina y lavaderos de carros (lava jato, en portugués) se ocultaban operaciones multimillonarias de pagos de sobornos que beneficiaban ilegalmente a altos funcionarios y a partidos políticos en cinco estados del país.

Los sobornos eran pagados a expensas del presupuesto de Petrobras. Poderosas constructoras como Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez, entre otras, se hacían a contratos con la petrolera estatal y luego, multiplicando los factores de sobrecostos en cada proyecto, contaban con recursos a manos llenas para saciar los apetitos de intermediarios, funcionarios y dirigentes políticos.

En el momento en que Youssef, capturado en un hotel del estado de Maranhão, enfrentó las primeras pruebas incontrovertibles sobre su propio papel en esta trama decidió hablar sin mayores reservas. Una de esas pruebas, que le fue exhibida por el propio juez Moro, fueron las conversaciones telefónicas y los documentos que demostraban que el “doleiro” le había regalado un vehículo Land Rover, de la más alta gama, a Paulo Roberto Costa, director de Petrobras.

Fue entonces cuando el acuerdo con Youssef se hizo extensivo a Costa, y gracias a ambos fueron identificados pagos de propinas o sobornos por más de 2.000 millones de dólares, una cifra que hasta el sol de hoy sigue siendo relativa porque los auditores de Petrobras encontraron huellas de afectación patrimonial por más de 10.000 millones de dólares.

Cuando eso ocurrió, Youssef era un viejo conocido de Moro desde el punto de vista procesal. Casi tres lustros atrás el cambista había favorecido con sus ardides remesas internacionales ilegales de divisas del Banestado, entidad que desapareció en medio del escándalo. El juez avaló un acuerdo que durante doce años obligaba al cambista a colaborar con la información y a no reincidir en sus prácticas criminales, a cambio de recibir un tratamiento judicial especial.

El caso Lava Jato puso al descubierto que el cambista no había cumplido su parte. No solo era un reincidente, sino que está metido hasta los huesos en operaciones que pasaban por encima de los códigos para favorecer el mayor caso de corrupción en la historia de su país.

¿Qué hacer con él? ¿Castigarle su deslealtad con la justicia y condenarlo a una pena proporcional a la gravedad de las conductas que ahora atiborran su prontuario? La respuesta del Estado fue “no”. A cambio de que el hombre responsable de la lavandería del dinero siguiera gozando de beneficios, la exigencia de la colaboración tendría raseros altos, tan altos que tocarían el techo del poder. Era, como dice Moro, un alto precio, pero había que pagarlo.

El rasero quedó señalado en abril de 2018, cuando la Corte Federal confirmó el veredicto de culpabilidad dictado por el despacho de Moro contra el expresidente Lula da Silva, aunque aumentó la pena inicialmente fijada por el juez federal, que era de nueve años y seis meses de prisión, a doce años de confinamiento en la cárcel. El destape del testigo fue clave para ubicar un confortable apartamento que la compañía OAS le regaló a Lula en el municipio de Guarujá, estado de São Paulo, a cambio de los buenos oficios del mandatario a su favor en la adjudicación de contratos por parte de Petrobras.

Al expresidente le quedaban seis causas adicionales pendientes. Todas ellas gravitaban alrededor de una presunción según la cual él, como intermediario en la sombra en la adjudicación de contratos, amasó una fortuna de 25 millones de dólares.

El 12 de julio de 2017, el juez federal Moro determinó que Lula dirigió una trama corrupta para conceder a OAS contratos con el Estado en condiciones preferenciales y con ventajas aseguradas sobre otros proponentes. Un tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia de Moro en enero de 2018 y aumentó la pena, que alcanzó los doce años y un mes.

Por Youssef, la fuerza de tarea que apoyó la acción de la justicia federal logró consolidar numerosas evidencias y pruebas para condenar a 130 personas, detener preventivamente a 149 y dar impulso a 1.433 procesos relacionados con la investigación madre de Lava Jato. Su cooperación dio elementos para que la justicia pudiera firmar más de 150 acuerdos de colaboración eficaz con otros tantos comprometidos, entre ellos los directivos de Odebrecht en la Región Andina.

—Doctor Moro, ¿no cree que los acuerdos de colaboración eficaz que tanto rédito le han dado a usted deberían trascender las fronteras en cuanto a sus beneficios? A menudo Perú y Ecuador, especialmente, se quejan de que Brasil le pone demasiados límites a su colaboración en las investigaciones por los sobornos de Odebrecht, pese a que fueron nacionales suyos los que hicieron los pagos en dichos territorios…

—La colaboración con esos países es coordinada por el Ministerio Público, pero creo en sus bondades porque estimulan las acciones conjuntas entre Estados. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que cuando nosotros hacemos acuerdos de cooperación con directivos de firmas comprometidas en los pagos de estas propinas criminales, debemos protegerlos ante jurisdicciones foráneas, siempre y cuando cumplan a cabalidad lo que ofrecen. Sin esa garantía no cooperarían de manera realmente eficaz. Considero que Perú, Ecuador y otros países deberían concentrarse en la investigación y condena de sus altos funcionarios y dejar que los exdirectivos de Odebrecht paguen por sus delitos en Brasil. Colombia recibió información que le permitirá, con decisión, saber cuánto de las “gratificaciones” de Odebrecht les tocó a las campañas políticas.

Los reparos de jueces y fiscales de los países ubicados en el perjudicial radio de acción de Odebrecht se han hecho visibles, como se verá más adelante en estas mismas páginas, en momentos críticos de sus investigaciones. Cuando necesitan verificar algún dato crucial o contrastar un testimonio clave se encuentran algún inesperado cerrojo en la puerta de la colaboración brasileña.

Durante las fases de instrucción de los procesos investigativos Brasil permitió que los exsuperintendentes —directores regionales— de la multinacional en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá entregaran información sobre funcionarios de altos rangos del Estado que recibieron coimas y detallaran elementos que ahora permiten reconstruir, al menos parcialmente, la ruta de los dineros que los países afectados quieren recuperar. En la mayoría de los casos se trató de declaraciones hechas a través de canales virtuales como Skype.

Aun así, la colaboración no fue menor. Jorge Simões Barata le entregó a Perú información sustancial para nutrir ante Estados Unidos su solicitud de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares en halagos económicos de Odebrecht.

José Conceição Santos Filho tuvo un papel determinante en las condenas proferidas por la justicia ecuatoriana contra un exvicepresidente de la República y un contralor general del Estado, por ejemplo.

—En los países de nuestra región parece haber excesos de fueros. Los tienen los presidentes, los ministros, los gobernadores, alcaldes y otras gamas de funcionarios, y se hacen extensivos hasta más allá del fin de su función. ¿Eso desfavorece las investigaciones?

—Indiscutiblemente. Debemos hablar de derechos para todos, pero no de privilegios para todos. Tenemos castas en América Latina y debemos acabar con aquellas ventajas que las hacen diferentes al resto de la ciudadanía. Cuando hemos actuado para acabar con esos privilegios, la gente se ha lanzado a las calles a respaldarnos. Así ocurrió en 2015 y 2016, cuando entre poderosos buscaban protegerse y blindarse entre sí.

Sergio Moro tiene un ejemplo a pedir de boca. En marzo de 2016 la entonces presidenta Dilma Rousseff quiso arrojarle un salvavidas a su amigo y antecesor Lula da Silva, que ya sentía muy cerca los pasos del juez federal de Curitiba. Le anunció que lo designaría ministro de la Casa Civil, cargo equivalente al de ministro de la Presidencia. Así adquiriría de inmediato un fuero especial que haría que solo la Suprema Corte pudiera procesarlo judicialmente.

Para infortunio de ambos, oficiales de la policía que hacían parte de la fuerza de tarea de la operación Lava Jato estaban escuchando y grabando la conversación telefónica, en la que abundaban los cálculos de conveniencia.

La grabación fue entregada a Moro, quien, con el fin de evitar que se consumara el procedimiento obstructor, la hizo pública.

Los efectos fueron inmediatos. Lula quedó más expuesto que nunca al escrutinio de la opinión y Rousseff vio cómo crecía la masa ciudadana que exigía su renuncia.

—¿Después de Lava Jato y sus derivados, cambiará la cultura política en nuestros países?

—Yo me hago a diario esa pregunta. Buscando una respuesta, vivo enfrascado en un permanente debate entre la esperanza y la incertidumbre. Encuentro cierto consuelo cuando pienso que nuestra justicia, con sus logros institucionales, no individuales, ha conseguido quebrar la tradición de impunidad. Y ese no es un logro de menor importancia en un país como el Brasil, donde la delincuencia de cuello blanco ha tenido un arraigo cultural.

Esa ruptura de la tradición de impunidad se materializó, en principio, en hechos relevantes. La captura, en junio de 2015, de Marcelo Odebrecht —cabeza de la organización heredada de su abuelo— y su posterior condena, en marzo de 2016, es uno de ellos. Odebrecht fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

“Alguien me dirá —comenta Moro— que Marcelo Odebrecht duró tan solo dos años y medio preso en la cárcel de Curitiba y que se marchó después para su casa, bajo vigilancia. Y yo le responderé con algunas preguntas: ¿cuándo alguien con su poder estuvo preso en Brasil? ¿Cuándo alguien como él tuvo que pagar indemnizaciones por los inmensos daños causados a través de una red de sobornos que afectó al país, a Colombia, a Perú, a Ecuador y a países de tres continentes?

Quebrar la cultura de la impunidad ha significado también conseguir que países como Suiza se deshagan de su tradición de custodio de secretos financieros, para colaborar con una causa que se ha hecho transnacional, y que Panamá se haya abierto a la colaboración de quienes buscan, entre las sombras y los vericuetos de las empresas de fachada, el destino de los recursos arrebatados a los tesoros públicos.

A medida que avanza la charla confiesa que no ha sido un hombre dado a calcular riesgos. Eso lo convierte en alguien desprevenido, en alguien que, si alguna vez creyó ...